El acuerdo con la fundación Tompkins para recibir la donación del empresario ha generado tensiones al interior del Gobierno. Los territorios protegidos en la categoría de parque nacional podrían frenar el desarrollo de actividades productivas y la conectividad de la zona.
Fue el miércoles 15 de marzo cuando la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, llegó hasta el sector El Amarillo, la entrada sur del Parque Pumalín. 
Ahí un grupo de personas encabezadas por Kristine Tompkins, viuda del empresario y ecologista Douglas Tompkins, esperaba concretar lo que había sido el sueño de más de 25 años de su marido, quien falleció en un accidente en kayak en diciembre de 2015.
Un sol radiante de mediodía acompañó a la mandataria y a la ex CEO de la marca de ropa Patagonia durante su caminata por los senderos de Chaitén. Kristine le explicaba en inglés detalles de la zona a Bachelet, quien minutos más tarde se comprometía a crear una red de parques nacionales de la Patagonia de 4,5 millones de hectáreas, que incluye el Parque Pumalín, propiedades particulares de Tompkins, terrenos fiscales y actuales reservas nacionales.
El compromiso por preservar estas tierras fue aplaudido por todos los asistentes y por medios internacionales, que al igual que el actor y ecologista Leonardo DiCaprio celebraban la iniciativa del gobierno chileno y la donación de la fundación Tompkins, que ese día formalizó el traspaso al fisco de 407.625 hectáreas para ser sumadas a la red de ocho parques. “Concretamos una buena noticia para nuestro país y honramos la generosidad y el amor por la naturaleza de Douglas Tompkins”, aseguraba en ese minuto la máxima autoridad del país.
Sin embargo semanas más tarde, cuando los jefes de cartera, que son parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, se reunían para aterrizar el protocolo de acuerdo —que establece las condiciones entre la fundación de Tompkins y el Estado chileno para la donación privada—, el ambiente entre los asistentes no contó con los aplausos, sonrisas y abrazos que caracterizaron ese miércoles de marzo en Pumalín. En esta instancia más privada, los ministros pusieron sus preocupaciones sobre la mesa y enfocaron la discusión en puntos que son parte de la letra chica del acuerdo; esos que hasta ahora se han mantenido en secreto y que tienen relación con las eventuales limitantes que la categoría de parque nacional establece a cualquier actividad productiva que se quiera desarrollar en esas áreas.
La letra chica
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, fue el primero y, según testigos del encuentro, el más enfático en poner los puntos que le preocupaban sobre la mesa. Céspedes habría exigido que se garantizara la posibilidad de entregar concesiones acuícolas en la reserva Alacalufes, el parque más extenso que formará parte de la red, con una superficie de 2.8 millones de hectáreas. También el titular de Obras Públicas había recordado la necesidad de establecer una franja para un camino que pueda estar al interior de los terrenos protegidos y que este sea considerado en las cartografías que debe diseñar el Ministerio de Bienes Nacionales. Eso lo debe presentar dentro de este año a la Contraloría General de la República para la toma de razón de los planos.
¿Qué es un parque nacional? Según Conaf, es un área no alterada significativamente por la acción humana, capaz de autoperpetuarse y en que la flora y fauna o las formaciones geológicas son de interés educativo, científico o recreativo.
De acuerdo a la convención de Washington DC que Chile suscribió en 1962 se define que se entenderá por Parque Nacional “las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial”. El documento además precisa que las riquezas existentes en los parques nacionales no se explotarán con fines comerciales y que se deberán adoptar leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera de los parques.
A esto se suma la postura de Conaf, organismo llamado a administrar estos territorios, definidos como un área “no alterada significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse”. Mientras que la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente puntualiza que los proyectos o actividades que se quieran realizar en parques nacionales deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Estas acotaciones y apegarse en un 100% a lo que entienden los organismos internacionales sobre lo que es un parque nacional podrían frenar la construcción de caminos, impedir la actividades acuícolas y la implementación de proyectos hidroeléctricos en la zona protegida. A esto la presión de gasto que recae sobre el Estado, considerando que sólo un porcentaje de los terrenos que donó Tompkins tienen un costo de mantención anual cercanos a los $600 millones, presupuesto que se debe poner sobre la mesa para proteger y cuidar las áreas de forma adecuada.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales, Nivia Palma pone paños fríos a las aprensiones que existen respecto a la creación de la red de parques. Asegura que no existe ninguna cartera en contra del proyecto presidencial y que las preocupaciones de las autoridades fueron resueltas. “De las 900 mil hectáreas (terrenos fiscales sin categoría de reserva), el 95% son terrenos que no se pueden usar para otro propósito, son zonas vinculadas a los volcanes, de abismos, que por la disposición geográfica que tienen muy difícilmente pueden ser usadas para actividades agrícolas y ganaderas”, explica, y agrega que “lo que se está aportando representa una gran biodiversidad, pero no estamos quitando suelo fiscal a otros proyectos que podrían ser muy relevantes para el desarrollo sostenible de Chile”.
Respecto en particular al planteamiento de Céspedes, la titular de Bienes Nacionales calificó de “preocupación” razonable. “Si Alacalufes la transformamos en parque, efectivamente se produce una cierta dificultad desde el punto de vista de la actividad pesquera. El ministro planteó que esa materia se tuviera en consideración a la hora de definir los trazados”. A esto se suma que existen dictámenes de la Contraloría que indican que la declaratoria de reserva y/o parque nacional impacta en la superficie terrestre y en las aguas que rodean la zona.
Dentro de los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social deberá resolver si procede realizar una consulta indígena para cambiar la categoría de la actual reserva de Alacalufes ya que de acuerdo a la información que tienen las autoridades, a lo menos hay 11 comunidades indígenas en la zona.
El abogado y ex subsecretario del Ministerio de Bienes Nacionales del ex presidente Piñera, Juan Carlos Bulnes, asegura que “el fisco tiene preocupaciones que considerar, por ejemplo, que la donación tiene aparejada una traba importante para el desarrollo de la Región de Aysén, porque al interior de un parque nacional es prácticamente imposible desarrollar actividades económicas como la acuicultura, minería, actividades forestales y/o ganaderas”.
LOS “PEROS”
De acuerdo a la visión de Bienes Nacionales, la donación de Tompkins tuvo un modo y condición determinados. El modo era que los terrenos de Tompkins se dedicaran a la conservación en categoría de parque nacional y con la condición de que “el Estado a su vez agregue nueva propiedad para que se construya esta idea”. Sin embargo, Hernán Mladinic, director ejecutivo de Parque Pumalín, asegura que no fue un condicionamiento y que los terrenos habrían sido donados de igual manera.
Independiente de si existió o no condición, la realidad hoy es que en el papel está pactado generar una red de parques y que la tearea presidencial se debe concretar antes de noviembre de este año.
Acuerdos del protocolo 2.662.886 hectáreas de reserva nacional y/o forestal elevarán su categoría a parque nacional, y 949.368 hectáreas de terrenos fiscales se incorporarán a la red de ocho parques.
Respecto a las aprensiones que han surgido con este proyecto, el abogado socio de Ubilla y Cía. y experto en temas ambientales, Jaime Ubilla explica: “Se puede sostener que la mayor parte de esas preocupaciones derivan de la ausencia de una planificación ambiental y territorial de largo plazo para Chile. La generación de un plan nacional integral que también aborde la gestión de la biodiversidad y del capital natural del país hará posible priorizar y evaluar diversos proyectos económicos de inversión a la luz de sus verdaderos costos ambientales y sociales. Sólo de esta manera, por ejemplo, el Sistema de la Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) evitará caer en “evaluaciones ad hoc” carentes de un marco de referencia ambiental de largo plazo que aborde las diversas variables de complejidad de la gestión del territorio”.
Además, el experto asegura que la donación de la fundación Tompkins, y con ello la creación de la red de parques aportan un valor ecológico más allá del territorio nacional. “Hace posible conectar distintas tierras y ecosistemas de Chile que tienen un valor ecológico planetario, con lo cual se asegura o aumenta la probabilidad de protegerlos en el largo plazo”.
Qué se puede o no hacer en un área etiquetada como Parque Nacional es difuso y tiene varias interpretaciones, lo que puede derivar en escenarios complejos para las distintas carteras de gobierno que quieran realizar una determinada actividad en la zona protegida, ya sea de conectividad o alguna actividad de generación económica.
El ex subsecretario de Medio Ambiente y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal, afirma que “la regulación chilena actual en parques nacionales es precaria y dispersa. A la luz de la convención de Washington, algunos interpretan que no se podrían llevar adelante actividades económicas en parques nacionales. Es un tema muy discutible y de alguna manera la Corte Suprema ya lo ha zanjado en los fallos de recursos de protección por el proyecto de HidroAysén, que permite actividad en la medida que no afecte el objeto de conservación del parque nacional”.
En paralelo a la donación, que hoy sigue el curso administrativo, la fundación Pumalín estará a cargo hasta abril de 2019 los terrenos y durante este tiempo se ha planteado como objetivo traspasar su experiencia y capacidades adquiridas a la Conaf. Esto considerando que Conaf, organismo cuestionado luego de los incendios forestales que sucedieron en el país este verano, debe administrar la red.
La certeza de qué tipo de actividades se pueden realizar en un área protegida debería quedar plasmado en el proyecto de ley que crea el servicio de diversidad y área protegida, es poco probable que este proyecto sea ley antes de que se declare área protegida los 4,5 millones de hectáreas.